El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Antequera no entiende como todavía la Administración local no está facilitando a los ciudadanos poder recurrir a ayudas para asumir los costes de las obras que hay que realizar tras una Inspección Técnica de Edificios (ITE) cuando los informes son negativos.
En este sentido, la concejala Déborah León ha lamentado que el Ayuntamiento no haya hecho “nada al respecto”, salvo notificarse al Colegio de Arquitectos un acuerdo plenario para la posibilidad de realizar un convenio para la revisión de edificios, para no tener que pagarlo los propios vecinos. Eso sí, todavía no está suscrito y los socialistas están a la espera: “Parece que con esa advertencia de que hay que poner en marcha ese convenio, vamos a comenzar a andar”, ha manifestado la edil.
En el PSOE tampoco comprenden por qué no se da a conocer el estudio ya que solicitaron en su día para saber cuáles serían los edificios que debían de cumplir con esta ordenanza. “Pensamos que era bueno que el Ayuntamiento se anticipara”, ha comentado León, para quien así los vecinos, hasta tener que cumplir la ordenanza, pudieran recurrir a otras administraciones para hacer la adaptación.
Como ha recordado la concejala socialista, desde el año 2012 los municipios deben de contar con ordenanzas fiscales sobre la inspección de edificios para comprobar su estado, accesiblidad y eficiencia energética. “Es necesario que se dé a conocer abiertamente, que los vecinos sepan qué tienen cumplir y que tengan suficiente tiempo para recurrir a ayudas para ponerlas en marcha”, ha subrayado.
El Grupo Socialista insistirá en esta cuestión en el próximo Pleno Municipal, pero no la única medida para facilitar el pago de ciertos gastos a los vecinos que quiere llevar a la Asamblea local. De hecho, para la siguiente sesión tienen pensado el presentar una moción sobre “planes individuales” para el pago de impuestos, para facilitar el reembolso hasta en 12 meses.
Según explicó recientemente el concejal Francisco Morente, esta medida es importante, primero, para que los ciudadanos con dificultades económicas tengan más comodidades para pagar los gravámenes. También porque dichas facilidades evitarán incrementos de pago por “embargo y apremio”, cuyo dinero ni siquiera iría a las arcas municipales, y sí a la Diputación Provincial, encargada del cobro de impuestos municipales.
