El Tribunal Superior de Andalucía ha dado la razón a CCOO y declara nula de pleno derecho la actuación de la directora de la prisión de Archidona, de comunicar la ejecución de una sanción disciplinaria a un funcionario antes de que el órgano competente (Subsecretaria del Interior) hubiese acordado la ejecución de la misma, e impidiendo que los Tribunales pudieran pronunciarse sobre la suspensión de ejecución solicitada.
El Tribunal ha condenado a la Administración Penitenciaria por vulnerar derechos fundamentales, y en concreto, el derecho de un funcionario a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la CE, por lo que tendrá que pagar 2.017 euros a CCOO.
Según CCOO, la actuación administrativa ha sido muy grave, puesto que «se han modificado fechas de actos administrativos y la directora de la prisión se ha saltado la jerarquía del órgano competente para acordar la ejecución de la sanción en el procedimiento disciplinario». Además, a pesar de existir una medida cautelar que suspendía la ejecución de la sanción del funcionario, posteriormente estimada por resolución judicial, la Administración «decidió hacer caso omiso y no rectificaron la ejecución ilegal de la sanción disciplinaria».
Para CCOO ha existido una precipitación inusitada en la ejecución de la sanción, obviando el procedimiento administrativo e impidiendo el acceso a la tutela judicial efectiva del funcionario, que había solicitado medidas cautelares en vía judicial, por parte del Subdirector General de Recursos Humanos, además de la falta de competencia de la directora del centro penitenciario de Málaga II en comunicar una ejecución de sanción de suspensión de empleo y sueldo que aún no había acordado la Subsecretaria del Interior.
«Desde el sindicato consideramos que esta forma de proceder es una práctica contraria a los principios de legalidad y objetividad que debe presidir la actuación de la Administración, con un apresuramiento impropio de los procedimientos administrativos y no descartamos pedir responsabilidades penales».
El Ministerio Fiscal también ha manifestado que se ha vulnerado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del funcionario y suplica en su demanda, que se declare la nulidad de las actuaciones de la directora del centro penitenciario de Archidona por haber sido dictadas por órganos manifiestamente incompetentes, con las consecuencias jurídicas y económicas inherentes a esa declaración.
«Ante el anuncio de que el próximo 31 de enero la Administración va a cesar a la actual directora de la prisión de Archidona, desde CCOO compartimos esta decisión ya que llevamos años sufriendo la falta de diálogo, los comportamientos antisindicales y la persecución sindical a nuestros representantes por defender los derechos laborales. Para la gestión de un centro penitenciario lo primero que demandamos es que los gestores respeten la legalidad vigente».
