El presidente del Partido Popular de Antequera, Manolo Barón, afirma que uno de los principales compromisos que adoptó el Gobierno de España en lo que constituye su plan de modernización del sistema de justicia fue «la elaboración de un informe por parte de reconocidos expertos sobre el estado actual de nuestra demarcación y planta judicial y sobre las potenciales líneas por las que habría de discurrir su reforma».
Este referido informe que, por otra parte, ha recibido el Gobierno actual del Partido Popular, no es otro que uno que fue solicitado por la Comisión Institucional sobre Demarcación y Planta, nombrada en la anterior legislatura, en la que gobernaba el Partido Socialista, y que se resumió en la sesión parlamentaria del Congreso de los Diputados del 30 de noviembre de 2010, en su Comisión de Justicia, por el anterior Secretario de Estado de Justicia, el socialista Juan Carlos Campo Moreno, y que se comprueba que ha servido de base como punto de partida al informe realizado por la comisión de expertos nombrada por el Consejo de Ministros el 2 marzo del pasado año.
«Extraña por tanto que el PSOE haya cambiado de opinión en estos últimos tres años ya que cuando estaban en el Gobierno defendían un cambio profundo del modelo de Justicia en nuestro país y consideraban que esos pilares sobre los que cimentar y culminar la organización judicial del siglo XXI implicaban el abandono del sistema de partidos judiciales buscando la concentración de los recursos y la especialización, y nos proponían, entre otras soluciones, la creación de los tribunales de instancia y la desaparición de las audiencias provinciales. Sin embargo, ahora que están en la oposición, no solo en Antequera, nos piden que no se haga nada de aquello que antes tanto les gustaba”, asegura Barón.
Manolo Barón afirma que desde el Partido Popular “no vamos a reducir a la mitad los partidos judiciales ya que entendemos que esa no es la solución, como pretendía el Partido Socialista en el año 2010, sino que debemos trabajar en un nuevo modelo en el que la flexibilidad y la optimización de los recursos existentes mediante la reasignación de efectivos dentro del órgano judicial no pase por reducir la planta judicial ni por suprimir sedes judiciales, sino para que en la definitiva elaboración del futuro proyecto de ley de reforma de la Ley de Demarcación y Planta se tengan en cuenta las especificidades geográficas, sociales y económicas propias de las diferentes comunidades autónomas”.
