Cuando se discute la modificación de la ley sobre la interrupción del embarazo con frecuencia se tropieza con la confusión entre los ámbitos de lo legal, lo ético y lo religioso. Nuestros obispos y otros colectivos pueden hacer propuestas pero con la precisión de no imponerlas. Ningún Gobierno tiene derecho de arrogarse el monopolio de la democracia. Ninguna Iglesia o confesión religiosa tiene derecho a detentar el monopolio de la moral. La elaboración de futuros proyectos legislativos debería nacer siempre de un diálogo sincero, constructivo, donde se tengan en cuenta las opiniones de todas las sensibilidades. Pienso que es un grave error que leyes tan importantes como la de la educación o como la del aborto se elaboren demasiado de prisa y sin un amplio consenso, por lo que tienen que modificarse en cada legislatura.
Al debate parlamentario debe preceder el debate cívico a todos los niveles. En nuestro país cada gobierno modifica las leyes del anterior por no existir previamente este debate cívico que llame al consenso y a lo razonable. Tenemos que ir más despacio. Las prisas no son recomendables. Asociaciones profesionales, medios de comunicación, entidades educativas e investigadoras, representantes de tradiciones culturales o religiosas, asociaciones cívicas de toda índole ejercen su derecho a contribuir al debate cívico, enriqueciéndolo con sus aportaciones y matizándolo con sus cuestionamientos. Pero no pueden imponer esas opiniones saltando por encima de las normas constitucionales. Todos pueden y deben proponer, pero sin imponer. Todos pueden cuestionar, pero sin condenar. Teniendo en cuenta que es mucho más importante el consenso que las actitudes autoritarias.
Cuando el debate parlamentario ha sido contrastado previamente por un debate social sanamente plural, laico y democrático, no tiene sentido que un determinado grupo cultural o religioso se erija en portavoz exclusivo de la moral ante la opinión pública. Como tampoco tiene sentido que haga tal imposición un partido político sea del signo que sea. Huyamos del pugilato de izquierdas contra derechas, de partidos contra iglesias, o posturas pro mujer contra posturas pro vida. Los enfrentamientos no conducen a nada positivo y contaminan la verdadera democracia.
Estamos llamados a proponer sin imponer, despenalizar sin fomentar, cuestionar sin condenar, concienciar sin excomulgar. Pero teniendo en cuenta que no todo lo éticamente rechazable ha de ser penalizado, ni tampoco lo despenalizado es, sin más, éticamente aprobable. Sin ceder a presiones, ya sean partidistas o religiosas, hemos de buscar conjugar la protección de la vida naciente con la necesidad de evitar aquellos excesos penales que no garantizan la seguridad jurídica de otros bienes o personas con los que dicha protección puede entrar en conflicto.
José Sánchez Luque
